El tercer informe de seguimiento de capacidad instalada de FY2084 contabiliza 220 plazas anuales de ceremonia y 38 proveedores acreditados frente a nueve enlaces celebrados en lo que va de ejercicio.
El Observatorio de Capacidad Instalada y Demanda Registral (OCIDR-01) ha remitido a la Dirección de Identidad, Marca y Cohesión Territorial (DIMCT-08) el informe de utilización de servicios registrales correspondiente al tercer trimestre de FY2084. El documento sitúa el servicio de enlaces y ceremonias civiles en un índice acumulado de utilización del 4,1 % sobre su capacidad anual instalada, el más bajo de todos los servicios de la ciudad-corporación con infraestructura dedicada.
El servicio dispone de 220 plazas anuales de ceremonia, repartidas entre el Salón de Continuidad del edificio corporativo, la sala habilitada en el antiguo consistorio y los dos espacios exteriores autorizados. En lo que va de ejercicio se han celebrado nueve enlaces.
El análisis se extiende a la cadena de proveedores acreditados, que la corporación mantiene bajo régimen de homologación desde la integración: seis salones, once servicios de catering, siete unidades de registro fotográfico, cinco de transporte ceremonial, cinco de acompañamiento musical y cuatro de suministro floral. El conjunto ocupa a 262 residentes con contribución urbana vinculada, total o parcialmente, a la actividad. El documento califica esa ocupación de «sostenida por una demanda que no la justifica».
Los registros incorporados al Inventario Estratégico de Patrimonio documentan 215 enlaces civiles en el ejercicio 2024, 47 en 2061 y 13 en 2083. La serie histórica completa no presenta repuntes sostenidos que permitan atribuir el dato actual a una fluctuación coyuntural.
La metodología empleada para calcular la utilización ha sido sometida a validación del Instituto de Contabilidad Afectiva y Rendimiento Comunitario (ICARC-03). La validación certifica la consistencia del indicador, pero no atribuye al Instituto competencia sobre las medidas que puedan adoptarse a partir de sus resultados.
El informe evita en todo momento el marco demográfico. «No corresponde a este Observatorio valorar las decisiones de convivencia de los residentes», señala el apartado preliminar. «Corresponde constatar que existe una capacidad instalada de 220 plazas y una demanda acumulada de nueve, y que esa diferencia tiene coste».
La corporación no atribuye al enlace matrimonial valor identitario ni afectivo. A efectos de planificación lo clasifica como servicio registral con infraestructura asociada y, en consecuencia, sujeto a los mismos criterios de utilización, continuidad y retorno urbano que cualquier otra línea operativa.
Fuentes del OCIDR-01 han precisado que el expediente no contempla campañas de fomento del matrimonio entre residentes, «por resultar ajenas a las competencias del Observatorio y de eficacia no acreditada».
El apartado sexto, único que formula una recomendación, se detiene en el artículo 2 del Reglamento de Enlaces y Ceremonias Civiles, que define la condición de contrayente por remisión a la categoría registral de persona física. El Observatorio considera que esa definición constituye un «criterio restrictivo respecto de la capacidad instalada disponible» y propone revisar su adecuación al actual régimen de prestación del servicio.
La recomendación no modifica por sí misma el Reglamento. El OCIDR-01 puede medir utilización y detectar capacidad ociosa, pero carece de competencia para interpretar categorías registrales. El ICARC-03 puede validar la metodología empleada para acreditar la desviación, pero su validación no determina la medida correctora aplicable. La revisión corresponde por tanto a la DIMCT-08, que deberá pronunciarse una vez incorporados al expediente los informes técnicos de los organismos y servicios afectados.
El informe tampoco incluye los enlaces celebrados en el Santuario de Consolación ni en el resto de recintos de culto del término. Estos espacios permanecen fuera del ámbito de acreditación de la corporación y sus ceremonias no se incorporan al indicador de utilización de capacidad instalada. El documento señala que, en consecuencia, «no se dispone de datos susceptibles de explotación conforme a la metodología vigente».
El expediente de revisión permanecerá abierto durante treinta días. Hasta su resolución, el servicio continuará prestándose conforme al régimen actual y las 220 plazas anuales conservarán íntegramente la consideración de capacidad operativa disponible.
